BANCO CENTRAL, RESERVAS INTERNACIONALES E IGNORANCIA (?)

Los bancos, incluyendo los bancos centrales, están autorizados a recibir depósitos y, por supuesto, están también obligados a devolverlos cuando los depositantes así lo requieran. Esto es obvio. Ahora bien, para que efectivamente los bancos tengan los recursos suficientes para devolverlo a los depositantes, se deben cuidar, entre otros, dos aspectos de suma importancia:

1.       La liquidez, es decir que los bancos tengan suficientes recursos disponibles en todo momento para satisfacer la demanda previsible de los depositantes; y,

2.       La solvencia, que para el caso no es otra cosa que asegurar que los recursos confiados por los depositantes no los pierda el banco.

Pero ¿cómo se puede asegurar que los bancos tengan la liquidez y la solvencia requerida? La manera más evidente es obligando a que los recursos que reciban los bancos en forma de depósitos los mantengan guardados en sus bóvedas hasta que el depositante se acerque a retirarlos. Y de esta forma nacieron y operaron los bancos durante muchos años, pero claro, por recibir este servicio los depositantes debían pagar una cantidad de dinero en forma de comisión, de manera tal que se cubran los costos en los que debía incurrir el banco respectivo. A este esquema de funcionamiento se lo conoce como de “reserva al 100%”.

En el año 2000, cuando la economía ecuatoriana se dolarizó, se consideró que era de primera prioridad para el país asegurar que el Banco Central del Ecuador se maneje bajo parámetros de total  liquidez y solvencia, de manera que el sistema monetario recién adoptado se encuentre también totalmente sustentado, por lo que el ex Instituto Emisor se autoimpuso la obligación de administrar sus finanzas bajo el esquema de reserva al 100% efectuando con los recursos de los depositantes únicamente inversiones cuyo riesgo tienda a cero.

El 31 de diciembre de 2008 se expidió la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, que permitió el establecimiento del mecanismo de inversión de excedentes de liquidez, con el que se abrió un “hueco” en las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador de cerca de 7.000 millones de dólares, los cuales tendremos que cubrir todos los ecuatorianos en el tiempo.

Regresemos al asunto de cómo puede garantizarse que los bancos mantengan la liquidez y solvencia en niveles adecuados, ahora en el caso de que éstos no operen bajo el esquema de reserva al 100%, sino bajo lo que se conoce como “reserva fraccionaria”.

A finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado, en el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria se concibieron principios para identificar, cuantificar, gestionar y minimizar los riesgos que se encuentran presentes en la actividad bancaria y dentro de ellos los relacionados con la liquidez y la solvencia.

Sobre la base de la evolución de estos conceptos ahora en el Ecuador se ha determinado el control de la liquidez a través de encajes, inversiones mínimas, indicadores de liquidez estructural de primera y segunda línea y brechas por bandas de tiempo, debiendo contarse adicionalmente con planes de contingencia para situaciones con distinto nivel de criticidad. No es preciso ahondar sobre esta temática que es eminentemente estadística y financiera, pero precisemos solamente que al respecto hay todo un gran mecanismo de control y gestión, al cual no se halla sujeto del Banco Central.

Respecto del riesgo de solvencia, por su parte, el principio fundamental se basa en que de acuerdo al nivel de riesgo con que los bancos inviertan los recursos recibidos de los depositantes, deben constituir un monto mayor o menor de “patrimonio técnico”, es decir que a mayor nivel de riesgo de los activos debe constituirse un mayor patrimonio y viceversa. Subyace la intención de que para mantener protegidos a los depositantes, los accionistas deben inyectar capital a los bancos que hacen operaciones riesgosas. En este sentido un banco podría hasta regalar, por ejemplo, una parte de sus recursos a un tercero (claro que podría hacerlo), pero entonces los accionistas deberán cubrir ese “hueco” inyectando capital a su banco.

En resumen, hay dos grandes esquemas bajo los cuales los bancos pueden operar: el de reserva al 100% y el de reserva fraccionaria. Si se opta por el primero, hay que mantener los recursos captados de los depositantes en forma de efectivo en caja o inversiones cuyo riesgo tienda a cero. Esto es lo que hizo el Banco Central del Ecuador entre enero del 2000 y diciembre de 2008.  Si por el contrario se opta por aplicar el esquema de reserva fraccionaria, es preciso que se proteja el valor de los depósitos mediante el control del riesgo de los activos correspondientes y, de ser necesario, que los accionistas estén dispuestos en todo momento a incrementar el capital del banco para compensar los riesgos asumidos. Este es el caso de todos los bancos privados del país. O se opta por un esquema o por el otro, pero con todas sus implicaciones. Lo que no es posible es que de cada esquema se adopte lo que conviene y no el resto.

Ni en la antigua Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, ni en la Ley Para la Transformación Económica del Ecuador (Ley Trole 1, con la que se dispuso la dolarización), ni en el vigente Código Orgánico Monetario y Monetario y Financiero, se contempla que el Banco Central del Ecuador deba constituir un patrimonio técnico en función de sus activos y contingentes ponderados por riesgo,  pues siempre se consideró que esa entidad operaría bajo el esquema de reserva al 100%, para garantizar a todos los ecuatorianos la sostenibilidad de la dolarización.

Ahora el país es testigo de la propuesta de alguno de los candidatos a Presidente de la República, tendiente a que el ex Instituto Emisor efectúe operaciones de crédito con los recursos de sus depositantes y adicionalmente que regale a cierto sector de la población una parte de las reservas internacionales. Evidentemente esta propuesta no consulta las disposiciones legales vigentes ni las más elementales bases conceptuales de la sana administración bancaria. Hay que dejar en claro que para su implementación sería menester un cambio legislativo y adicionalmente que el accionista del Banco Central, que es el Estado ecuatoriano, constituya previamente un patrimonio técnico suficiente para compensar los riesgos inherentes en estas operaciones.

Estos son temas que la mayor parte de la población no tiene por qué conocer, pero parece altamente sospechoso que los ignore quien afirma ser candidato a PhD en finanzas (con especialidad en banca central ha dicho) y adicionalmente  ha sido director general en el Banco Central del Ecuador por algunos años.

 

¿Dolarizados y con problemas cambiarios?

¿Es posible que un país formalmente dolarizado, como el Ecuador, enfrente problemas de sobrevaloración o subvaloración de su moneda de curso legal? Esta es una pregunta que quizás no nos hemos planteado; no obstante, la respuesta es definitivamente afirmativa y, me parece, va siendo momento que nos preguntemos no solamente ello, sino también cuáles son las alternativas de solución a un problema de este tipo en medio de la dolarización; y, si como sociedad estamos dispuestos a aceptar los costos de esa solución con tal de permanecer dolarizados.

En los siguientes gráficos puede apreciarse la evolución del índice de tipo de cambio bilateral real [1] a partir de enero de 2000 y hasta noviembre de 2016, con cuatro de los países que tienen mayor comercio con el Ecuador, en base a las cifras publicadas en el boletín de Información Estadística Mensual del Banco Central del Ecuador (BCE). En el caso del Brasil existen las cifras correspondientes únicamente a partir de 2005:

ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO BILATERAL REAL DE CADA PAÍS CON EL ECUADOR

Se aprecia, en primer lugar, en el caso de los países con los cuales hay información desde el año 2000, que al iniciar el período de dolarización formal, la recientemente adoptada moneda de curso legal se encontraba fuertemente depreciada, como producto de la sobredevaluación implícita en el tipo de cambio establecido para la conversión de sucres por dólares (S/. 25.000 = US $ 1), lo que generó un fuerte beneficio para las exportaciones y un desestímulo para las importaciones. Ello, si bien retrasó la reducción de la inflación en el país, permitió que el aparato productivo nacional se acople a la nueva realidad monetaria sin que se genere desempleo, produciendo más bien el efecto contrario; y, aún más, pudieron superarse sin sobresaltos los efectos de la apertura comercial, al salir de un período de evidente represión de importaciones, evidenciado en el superávit de balanza comercial logrado en 1999, que alcanzó a US$ 1.665,2 millones.

Luego, vino un período de acople de la economía nacional a la nueva situación monetaria, que se podría decir duró hasta mediados de 2003; en éste fue desapareciendo gradualmente la ventaja cambiaria hasta estabilizarse en torno a 100 la relación con los Estados Unidos de América, situación en la que permaneció hasta el año 2010.

En la relación del tipo de cambio bilateral real con Colombia, se aprecia mucha volatilidad en función de los cambios importantes en la cotización del peso colombiano, lo que no ocurre con Perú que observa relativa estabilidad cambiaria en el período.

A partir de 2011 y más claramente desde 2013, la tendencia es totalmente consistente en todos los casos: se produce una apreciación real del dólar que usamos en el país, la cual es muy profunda principalmente con respecto a Colombia y Brasil.

A noviembre de 2016 el índice del tipo de cambio bilateral real con Colombia alcanzó a 66,95, lo que quiere decir que en promedio un producto que en el Ecuador cuesta US$ 100,00, en Colombia costaría US$ 66,95, ocasionando una fuerte barrera cambiaria para exportar a ese país y facilidades para importar de él. Con Brasil este índice a la fecha indicada llegó a 71,63, con Estados Unidos de Norteamérica a 80,00 y con Perú a 86,13, lo que pone de manifiesto las dificultades cambiarias que enfrenta el comercio exterior ecuatoriano.

En buena medida el comportamiento reseñado ocurrido en los últimos años obedeció al fortalecimiento del dólar en los mercados internacionales, de allí que las autoridades del país manifiestan repetidamente que la evolución de la cotización del dólar ha sido uno de los elementos que más ha afectado a la economía nacional, lo cual podría ser cierto si no habría sido precedida de un largo período de debilitamiento frente a las otras monedas y commodities, en el cual debieron implementarse las medidas requeridas para que el Ecuador gane competitividad y con ello se encuentre preparado para enfrentar el predecible período de apreciación.

Por el contrario, a través de decisiones de política pública se incrementaron los costos de producción en el país por encima del crecimiento de la productividad, hasta traernos a la situación actual, por ejemplo a través del deterioro del nivel de riesgo país y su incidencia en el costo del financiamiento, el incremento de la carga impositiva,  de  costos de los insumos importados (salvaguardas) y de la mano de obra.

La evolución reseñada no es común al resto de países dolarizados. Por ejemplo, mientras que entre el año 2000 y el 2016 el índice de tipo de cambio bilateral real del Ecuador con Estados Unidos de América varió de 220,5 a 80,0, en El Salvador en el mismo período la variación que se produjo fue mucho menor, al oscilar entre 99,44 y 92,84, como se aprecia en el siguiente gráfico. Ello denota que durante el indicado lapso de tiempo, con un manejo económico distinto se pudo lograr una pérdida de competitividad sustancialmente menor a la ocurrida en nuestro país e inclusive se habrían podido alcanzar mejoras en el índice en los últimos cinco años.

Evidentemente en la circunstancia por la que está atravesando el Ecuador,  la solución no es incrementar más los costos de producción, conforme ofrece alguno de los candidatos que está terciando para las elecciones presidenciales, pues ello solo generará más desempleo y problemas de balanza de pagos.

Pero la intención de este análisis no es política, sino que se circunscribe al ámbito económico, en el que pretendo poner en el centro de la discusión al tema de la falta de competitividad. El fundamento para ello se encuentra en que mientras no se solucione el problema de la falta de competitividad de la producción ecuatoriana, no es probable que llegue inversión, extranjera o nacional, para instalar industrias o producciones agrícolas, no será posible desarmar la protección arancelaria y pararancelaria construida en los últimos años y, finalmente, no será posible atraer turismo en la escala que necesita el país para generar empleo.

Esta falta de competitividad mantendrá elevado y con tendencia creciente el desempleo y subempleo, mantendrá elevado el índice de precios en el país y mantendrá baja la demanda agregada.

Pero entonces ¿qué se puede hacer al respecto? La respuesta es evidente, hay que bajar los costos de producción, hay que desinflar los precios en general y con ello mejorar la competitividad, volver a la real situación de nuestra economía y no vivir en medio de espejismos.

Decirlo es muy fácil pero implementarlo ya no lo es. Los costos de producción no se desinflan por arte de magia; por el contrario, tienen serios efectos para toda la población; pues, por ejemplo, hay que pensar en poner en marcha un muy serio programa de flexibilización laboral como alternativa al desempleo, reducir costos que afecten a todos o la mayoría de los procesos productivos, como puede ser los relacionados con la energía eléctrica, con el consiguiente efecto fiscal, disminuir impuestos, con efectos similares, etc.

En un país con moneda propia la recomendación de consenso sería devaluar, pero sabiendo que eso no está al alcance, hay que pensar en alternativas viables, que protejan el interés generalizado de la población del país de mantener al dólar como moneda de curso legal. Ese es el reto para los economistas y hacedores de política económica, actuales y potenciales.

Tomando en cuenta que estamos a puertas de una elección presidencial, convendría conocer si los candidatos y sus equipos económicos valoran adecuadamente esta problemática y tienen alternativas válidas de solución.

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[1] El índice de tipo de cambio bilateral real es definido por el Banco Central del Ecuador (https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/776 p. 105) como la relación entre los índices de tipo de cambio nominal de Ecuador y del país con el cual comercializa el Ecuador, deflactado por el índice de precios doméstico y ajustado por el índice de precios del socio comercial extranjero.

Un aumento del índice significa depreciación real, mientras que una disminución muestra una apreciación

real.