En los últimos
días han aparecido agenciosos defensores
de los afiliados al IESS, provenientes de las propias filas del Gobierno, me
refiero a la ex Ministra Katiuska King y
al ex Director General del IESS Ramiro González, los cuales hacen gala de un conocimiento
muy cercano de los aspectos técnicos y legales de la problemática y de la incidencia
que tendría la propuesta de Alianza País, resumida en la famosa frase “no vamos
a pagar 20 centavos más al IESS.”
Sin duda que,
independientemente de la legitimidad de los nuevos “defensores” de los afiliados,
los aspectos técnicos y legales son de suma importancia; no obstante, siento
que la discusión debe enmarcarse en la comprensión previa del nuevo concepto de
seguridad social (?) que subyace tras la propuesta de Alianza País.
Conforme la
entiendo, ésta contempla dos períodos claramente diferenciados:
- El primero en el cual el pago
de las pensiones jubilares se realizará con los recursos que el fondo correspondiente
ha logrado acumular hasta la fecha, más los aportes que siga recibiendo en el
mismo período de parte de los afiliados y empleadores.
- El segundo en el cual, una vez
que se acaben los recursos acumulados hasta la fecha, el pago de las jubilaciones
se realizará en parte con los aportes de afiliados y empleadores y la
diferencia con recursos que de manera directa se transfieran del presupuesto
general del estado, es decir exponiendo a los jubilados a la situación
coyuntural de la caja fiscal.
Así visto el
esquema, durante cierto número de años el gobierno evitaría transferir recursos
para hacer estos pagos, en tanto que luego de ese período de tiempo, los gobiernos
respectivos tendrían que realizar mayores erogaciones para que los jubilados reciban
sus pensiones.
Lo expuesto
conlleva, adicionalmente, un incentivo perverso para el gobierno actual, puesto
que si no va a enfrentar obligación económica alguna en su período, puede sentirse tentado
a incrementar las pensiones, por ejemplo ahora que sufre un inesperado deterioro
político.
Hay algo que no me cuadra en todo
esto: el pago del 40% de las pensiones jubilares al que
todavía se encuentra obligado, bien podría haberlo cumplido con la entrega de
bonos, con lo que la presión presupuestaria se diferiría para un próximo
gobierno. Esta forma de pago es la que ha usado el Ministerio de Finanzas para muchas
de sus obligaciones con el IESS a lo largo de los pasados 8 años. Entonces, la
nueva disposición legal a punto de entrar en vigencia no va a generar ahorro fiscal
alguno.
¿Por qué,
entonces, adoptar una medida tan impopular y de elevado costo político?
Consideración
aparte merece la posibilidad de que el gobierno incumpla el pago de intereses
de los 8.000 millones de bonos del estado que tiene en su poder el IESS. Esto sí
ocasionaría un ahorro de alrededor de $480 millones de dólares del presupuesto
de este año. Pero para cometer semejante barbaridad no necesitaba la expedición de la Ley de
“Justicia Laboral”, sino simplemente revestirse de ese espíritu altivo y
soberano del que ya se revistieron para repudiar la deuda externa en el año
2008. Por otra parte, el monto de ahorro mencionado no parece ser suficiente
para arriesgarse al costo político que están enfrentando.
Me parece que
las medidas de afectación a los jubilados del IESS son un gran error, pues no
generan ahorro fiscal alguno, ocasionan un fuerte costo político y acaban de
destruir el desvencijado sistema de seguridad social vigente al momento.
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